Vivimos en una época donde los factores económicos priman en las conversaciones, ya sea en los ámbitos  políticos, laborales o sociales, donde cada vez que sale a la opinión pública un dato, el mismo, tiene la vigencia de ese mismo momento, pues instantes después es desmentido, desvirtuado por otros acontecimientos o simple y llanamente modificado. Todo lo sometemos al estudio y a la consideración desde diversos puntos vista. Por cualquier actuación del orden económico, levantamos banderas en su contra, sin entrar a considerar qué causas han llevado a adoptarlas. Llegamos a ver, con cierta normalidad, las llamadas a la desobediencia fiscal, la politización  de hospitales, colegios, vías públicas, para el ejercicio  de la disparidad de criterios,  que es legítima siempre que sea ejercida por los cauces  legales establecidos. Y dentro de ese vorágine de cuestiones oímos, y creo que no escuchamos, cómo la publicidad de la confesión religiosa mayoritaria “nos llama” diciéndonos que, en base a su privilegio, podemos disponer que parte de los impuestos, retrayéndolos del conjunto impositivo, vayan asignados directamente a ellos,  ya que en la declaración de la renta podemos simultanear las dos casillas que hacen referencia al 0.7%. Haciendo historia, desde 1987 en la declaración de la renta de las personas físicas podemos destinar un porcentaje de este impuesto al sostenimiento económico de la Iglesia Católica o a”otros fines de interés social”. Este porcentaje inicialmente era del 0,5239 % y el contribuyente debía elegir entre una de las dos opciones. A partir del año 2000 se introdujo la posibilidad de marcar las dos casillas al mismo tiempo, en cuyo caso el porcentaje se duplicaba y llegaba hasta el 1,04 %; sólo si no se señalaba ninguna casilla el porcentaje aumentaba los Presupuestos del Estado. Desde 2007, tras el acuerdo entre el Estado y la Conferencia Episcopal por una parte y entre el Estado y el Consejo Estatal de ONG de Acción Social por otra, se incrementó la aportación hasta el 0,7 %, pudiendo llegar en este caso al 1,4 % si se señalan ambas casillas. Aprovechando el cambio del porcentaje en la declaración del IRPF, la iglesia católica obtuvo del gobierno de turno (PSOE) la prebenda de disponer directamente del 0.7% destinado a ella (247 millones/€) y además, por conducto de sus otras organizaciones, participar en el reparto del otro 0.7 de fines sociales. En un país “ACONFESIONAL”, donde las religiones, con excepción de la Católica,  tienen que financiar su labor religiosa en base exclusivamente a las aportaciones de sus fieles y en el que la sociedad se encuentra inmersa en una gran crisis económica donde se recortan las acciones sociales, ¿nadie cuestiona ese reparto, mejor dicho, esa entrega directa, de nuestros impuestos a una labor evangelizadora concreta? Una vez soslayado, por imposición de las autoridades comunitarias, el agravio comparativo con las demás religiones en lo referente al IVA, la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles de las propiedades no empleadas para el culto, de las que la Iglesia católica obtiene unos ingresos cuando las demás confesiones tributan a los Ayuntamientos, nos lleva a la  conclusión de  que nuestros impuestos están siendo destinados para acciones que no son las que deben primar en nuestro estado democrático y aconfesional.

Vivimos en una época donde los factores económicos priman en las conversaciones, ya sea en los ámbitos  políticos, laborales o sociales, donde cada vez que sale a la opinión pública un dato, el mismo, tiene la vigencia de ese mismo momento, pues instantes después es desmentido, desvirtuado por otros acontecimientos o simple y llanamente modificado. Todo lo sometemos al estudio y a la consideración desde diversos puntos vista. Por cualquier actuación del orden económico, levantamos banderas en su contra, sin entrar a considerar qué causas han llevado a adoptarlas. Llegamos a ver, con cierta normalidad, las llamadas a la desobediencia fiscal, la politización  de hospitales, colegios, vías públicas, para el ejercicio  de la disparidad de criterios,  que es legítima siempre que sea ejercida por los cauces  legales establecidos. Y dentro de ese vorágine de cuestiones oímos, y creo que no escuchamos, cómo la publicidad de la confesión religiosa mayoritaria “nos llama” diciéndonos que, en base a su privilegio, podemos disponer que parte de los impuestos, retrayéndolos del conjunto impositivo, vayan asignados directamente a ellos,  ya que en la declaración de la renta podemos simultanear las dos casillas que hacen referencia al 0.7%. Haciendo historia, desde 1987 en la declaración de la renta de las personas físicas podemos destinar un porcentaje de este impuesto al sostenimiento económico de la Iglesia Católica o a”otros fines de interés social”. Este porcentaje inicialmente era del 0,5239 % y el contribuyente debía elegir entre una de las dos opciones. A partir del año 2000 se introdujo la posibilidad de marcar las dos casillas al mismo tiempo, en cuyo caso el porcentaje se duplicaba y llegaba hasta el 1,04 %; sólo si no se señalaba ninguna casilla el porcentaje aumentaba los Presupuestos del Estado. Desde 2007, tras el acuerdo entre el Estado y la Conferencia Episcopal por una parte y entre el Estado y el Consejo Estatal de ONG de Acción Social por otra, se incrementó la aportación hasta el 0,7 %, pudiendo llegar en este caso al 1,4 % si se señalan ambas casillas. Aprovechando el cambio del porcentaje en la declaración del IRPF, la iglesia católica obtuvo del gobierno de turno (PSOE) la prebenda de disponer directamente del 0.7% destinado a ella (247 millones/€) y además, por conducto de sus otras organizaciones, participar en el reparto del otro 0.7 de fines sociales. En un país “ACONFESIONAL”, donde las religiones, con excepción de la Católica,  tienen que financiar su labor religiosa en base exclusivamente a las aportaciones de sus fieles y en el que la sociedad se encuentra inmersa en una gran crisis económica donde se recortan las acciones sociales, ¿nadie cuestiona ese reparto, mejor dicho, esa entrega directa, de nuestros impuestos a una labor evangelizadora concreta? Una vez soslayado, por imposición de las autoridades comunitarias, el agravio comparativo con las demás religiones en lo referente al IVA, la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles de las propiedades no empleadas para el culto, de las que la Iglesia católica obtiene unos ingresos cuando las demás confesiones tributan a los Ayuntamientos, nos lleva a la  conclusión de  que nuestros impuestos están siendo destinados para acciones que no son las que deben primar en nuestro estado democrático y aconfesional.