Hemos sido mudos espectadores de como una parte de sociedad española reaccionaba, con tumultuosas y continuas protestas callejeras, ante cualquier actuación que el Estado de Israel acometía en el ejercicio de sus legítimos derechos de defensa de su integridad territorial y, más aun y más importante, en la defensa de la vida de sus ciudadanos. Se publicaban o emitían titulares como “Israel ataca las bases de los guerrilleros palestinos, tras la muerte de un soldado israelí”, es decir, se emitía primero la consecuencia, quizás para crear un ambiente psicológico contrario, y en segundo plano el hecho primario que generó la acción, a saber, el asesinato por unos terroristas de un ciudadano del único país democrático y libre de la zona. Fuimos testigos de cómo, ante la provocación de unas embarcaciones y la transgresión de la legislación internacional por la mismas , nuestras calles se llenaban de los que decían defender unos derechos , para lo que no dudaron en manipular la realidad, hasta el punto que la propia ONU, tuvo que modificar su dictamen sobre lo realmente acaecido, y como esa componenda llamada “flotilla de la libertad”, escondía, dentro de ese bonito calificativo, un acto puramente terrorista al llevar armamento y material bélico. Pero, no obstante, todo lo esgrimido podría ser debido a una mala información, a una campaña deliberada para influir en la opinión pública y que realmente creyesen que estaban defendiendo el derecho a la vida, el derecho a la dignidad humana y la no imposición por la fuerza de una teoría o política. Por todo ello, montaban esas protestas, lo más sonoras posibles, no sólo contra el estado de Israel, sino también contra el pueblo judío en general. En estas fechas, la sociedad no sólo española sino mundial, viene siendo testigo, día tras día, de las más crueles matanzas y asesinatos, por el llamado poder del pueblo, de sus propios conciudadanos y me refiero, evidentemente, a Siria. Quizás algo de responsabilidad de todo ello tengan los estados, las organizaciones nacionales e internacionales, que dieron el certificado de “democrático“ al régimen del presidente Bachar El Assad, cuando fue proclamado heredero del “ trono” por el no menos dictador entonces, es decir, por su padre. Y ante ello hemos de preguntarnos ¿Dónde está esa sociedad, callejera, protestona que decía defender los más elementales derechos y el principal, el de la vida? Esa sociedad, que mientras nuestro país se debatía en cómo afrontar su futuro, se dedicaba a recoger firmas para que dos prestigiosos artistas españoles no actuaran en Israel, o como escenificaban actos de protestas por la actuación de una reconocida artista israelí en Barcelona o impedían la intervención de científicos Israelíes en la UCAM. Todos ellos nos llevan a pensar ¿qué derechos defendían en sus protestas? Ante la evidencia, sería más congruente pensar que esa sociedad estaba y sigue estando manipulada y regida por unos principios de antiisraelismo, antijudaísmo y por extensión antinorteamericanismo. ¿Por qué no vemos protestas ante la Embajada y Consulados de Siria por los asesinatos que su “gobierno “, comete atrozmente a su propia población?. Cabría preguntarse, igualmente, por el cuasi silencio informativo por la expulsión del Embajador de Siria en España y en otros países occidentales. Es decir ¿qué derechos, qué principios? ¿Qué capacidad de análisis tiene esa parte de la sociedad que es a la que más se escucha?. Creo que, afortunadamente, ésta es minoritaria pero hace parecer que la mayoría silenciosa, coherente, crítica cuando es necesario, pero rigurosa en su análisis, no existe, cuando lo que hacen estos últimos es respetar la libre expresión, aunque sea consintiendo mentiras y deformaciones de la más pura realidad objetiva. Abraham Barchilón es abogado y fue miembro de la anterior Comisión Permanente de la FCJE. Este artículo ha sido publicado en El Faro Digital el miércoles 13 de junio.

Hemos sido mudos espectadores de como una parte de sociedad española reaccionaba, con tumultuosas y continuas protestas callejeras, ante cualquier actuación que el Estado de Israel acometía en el ejercicio de sus legítimos derechos de defensa de su integridad territorial y, más aun y más importante, en la defensa de la vida de sus ciudadanos. Se publicaban o emitían titulares como “Israel ataca las bases de los guerrilleros palestinos, tras la muerte de un soldado israelí”, es decir, se emitía primero la consecuencia, quizás para crear un ambiente psicológico contrario, y en segundo plano el hecho primario que generó la acción, a saber, el asesinato por unos terroristas de un ciudadano del único país democrático y libre de la zona. Fuimos testigos de cómo, ante la provocación de unas embarcaciones y la transgresión de la legislación internacional por la mismas , nuestras calles se llenaban de los que decían defender unos derechos , para lo que no dudaron en manipular la realidad, hasta el punto que la propia ONU, tuvo que modificar su dictamen sobre lo realmente acaecido, y como esa componenda llamada “flotilla de la libertad”, escondía, dentro de ese bonito calificativo, un acto puramente terrorista al llevar armamento y material bélico. Pero, no obstante, todo lo esgrimido podría ser debido a una mala información, a una campaña deliberada para influir en la opinión pública y que realmente creyesen que estaban defendiendo el derecho a la vida, el derecho a la dignidad humana y la no imposición por la fuerza de una teoría o política. Por todo ello, montaban esas protestas, lo más sonoras posibles, no sólo contra el estado de Israel, sino también contra el pueblo judío en general. En estas fechas, la sociedad no sólo española sino mundial, viene siendo testigo, día tras día, de las más crueles matanzas y asesinatos, por el llamado poder del pueblo, de sus propios conciudadanos y me refiero, evidentemente, a Siria. Quizás algo de responsabilidad de todo ello tengan los estados, las organizaciones nacionales e internacionales, que dieron el certificado de “democrático“ al régimen del presidente Bachar El Assad, cuando fue proclamado heredero del “ trono” por el no menos dictador entonces, es decir, por su padre. Y ante ello hemos de preguntarnos ¿Dónde está esa sociedad, callejera, protestona que decía defender los más elementales derechos y el principal, el de la vida? Esa sociedad, que mientras nuestro país se debatía en cómo afrontar su futuro, se dedicaba a recoger firmas para que dos prestigiosos artistas españoles no actuaran en Israel, o como escenificaban actos de protestas por la actuación de una reconocida artista israelí en Barcelona o impedían la intervención de científicos Israelíes en la UCAM. Todos ellos nos llevan a pensar ¿qué derechos defendían en sus protestas? Ante la evidencia, sería más congruente pensar que esa sociedad estaba y sigue estando manipulada y regida por unos principios de antiisraelismo, antijudaísmo y por extensión antinorteamericanismo. ¿Por qué no vemos protestas ante la Embajada y Consulados de Siria por los asesinatos que su “gobierno “, comete atrozmente a su propia población?. Cabría preguntarse, igualmente, por el cuasi silencio informativo por la expulsión del Embajador de Siria en España y en otros países occidentales. Es decir ¿qué derechos, qué principios? ¿Qué capacidad de análisis tiene esa parte de la sociedad que es a la que más se escucha?. Creo que, afortunadamente, ésta es minoritaria pero hace parecer que la mayoría silenciosa, coherente, crítica cuando es necesario, pero rigurosa en su análisis, no existe, cuando lo que hacen estos últimos es respetar la libre expresión, aunque sea consintiendo mentiras y deformaciones de la más pura realidad objetiva. Abraham Barchilón es abogado y fue miembro de la anterior Comisión Permanente de la FCJE. Este artículo ha sido publicado en El Faro Digital el miércoles 13 de junio.

Vivimos en una época donde los factores económicos priman en las conversaciones, ya sea en los ámbitos  políticos, laborales o sociales, donde cada vez que sale a la opinión pública un dato, el mismo, tiene la vigencia de ese mismo momento, pues instantes después es desmentido, desvirtuado por otros acontecimientos o simple y llanamente modificado. Todo lo sometemos al estudio y a la consideración desde diversos puntos vista. Por cualquier actuación del orden económico, levantamos banderas en su contra, sin entrar a considerar qué causas han llevado a adoptarlas. Llegamos a ver, con cierta normalidad, las llamadas a la desobediencia fiscal, la politización  de hospitales, colegios, vías públicas, para el ejercicio  de la disparidad de criterios,  que es legítima siempre que sea ejercida por los cauces  legales establecidos. Y dentro de ese vorágine de cuestiones oímos, y creo que no escuchamos, cómo la publicidad de la confesión religiosa mayoritaria “nos llama” diciéndonos que, en base a su privilegio, podemos disponer que parte de los impuestos, retrayéndolos del conjunto impositivo, vayan asignados directamente a ellos,  ya que en la declaración de la renta podemos simultanear las dos casillas que hacen referencia al 0.7%. Haciendo historia, desde 1987 en la declaración de la renta de las personas físicas podemos destinar un porcentaje de este impuesto al sostenimiento económico de la Iglesia Católica o a”otros fines de interés social”. Este porcentaje inicialmente era del 0,5239 % y el contribuyente debía elegir entre una de las dos opciones. A partir del año 2000 se introdujo la posibilidad de marcar las dos casillas al mismo tiempo, en cuyo caso el porcentaje se duplicaba y llegaba hasta el 1,04 %; sólo si no se señalaba ninguna casilla el porcentaje aumentaba los Presupuestos del Estado. Desde 2007, tras el acuerdo entre el Estado y la Conferencia Episcopal por una parte y entre el Estado y el Consejo Estatal de ONG de Acción Social por otra, se incrementó la aportación hasta el 0,7 %, pudiendo llegar en este caso al 1,4 % si se señalan ambas casillas. Aprovechando el cambio del porcentaje en la declaración del IRPF, la iglesia católica obtuvo del gobierno de turno (PSOE) la prebenda de disponer directamente del 0.7% destinado a ella (247 millones/€) y además, por conducto de sus otras organizaciones, participar en el reparto del otro 0.7 de fines sociales. En un país “ACONFESIONAL”, donde las religiones, con excepción de la Católica,  tienen que financiar su labor religiosa en base exclusivamente a las aportaciones de sus fieles y en el que la sociedad se encuentra inmersa en una gran crisis económica donde se recortan las acciones sociales, ¿nadie cuestiona ese reparto, mejor dicho, esa entrega directa, de nuestros impuestos a una labor evangelizadora concreta? Una vez soslayado, por imposición de las autoridades comunitarias, el agravio comparativo con las demás religiones en lo referente al IVA, la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles de las propiedades no empleadas para el culto, de las que la Iglesia católica obtiene unos ingresos cuando las demás confesiones tributan a los Ayuntamientos, nos lleva a la  conclusión de  que nuestros impuestos están siendo destinados para acciones que no son las que deben primar en nuestro estado democrático y aconfesional.

Vivimos en una época donde los factores económicos priman en las conversaciones, ya sea en los ámbitos  políticos, laborales o sociales, donde cada vez que sale a la opinión pública un dato, el mismo, tiene la vigencia de ese mismo momento, pues instantes después es desmentido, desvirtuado por otros acontecimientos o simple y llanamente modificado. Todo lo sometemos al estudio y a la consideración desde diversos puntos vista. Por cualquier actuación del orden económico, levantamos banderas en su contra, sin entrar a considerar qué causas han llevado a adoptarlas. Llegamos a ver, con cierta normalidad, las llamadas a la desobediencia fiscal, la politización  de hospitales, colegios, vías públicas, para el ejercicio  de la disparidad de criterios,  que es legítima siempre que sea ejercida por los cauces  legales establecidos. Y dentro de ese vorágine de cuestiones oímos, y creo que no escuchamos, cómo la publicidad de la confesión religiosa mayoritaria “nos llama” diciéndonos que, en base a su privilegio, podemos disponer que parte de los impuestos, retrayéndolos del conjunto impositivo, vayan asignados directamente a ellos,  ya que en la declaración de la renta podemos simultanear las dos casillas que hacen referencia al 0.7%. Haciendo historia, desde 1987 en la declaración de la renta de las personas físicas podemos destinar un porcentaje de este impuesto al sostenimiento económico de la Iglesia Católica o a”otros fines de interés social”. Este porcentaje inicialmente era del 0,5239 % y el contribuyente debía elegir entre una de las dos opciones. A partir del año 2000 se introdujo la posibilidad de marcar las dos casillas al mismo tiempo, en cuyo caso el porcentaje se duplicaba y llegaba hasta el 1,04 %; sólo si no se señalaba ninguna casilla el porcentaje aumentaba los Presupuestos del Estado. Desde 2007, tras el acuerdo entre el Estado y la Conferencia Episcopal por una parte y entre el Estado y el Consejo Estatal de ONG de Acción Social por otra, se incrementó la aportación hasta el 0,7 %, pudiendo llegar en este caso al 1,4 % si se señalan ambas casillas. Aprovechando el cambio del porcentaje en la declaración del IRPF, la iglesia católica obtuvo del gobierno de turno (PSOE) la prebenda de disponer directamente del 0.7% destinado a ella (247 millones/€) y además, por conducto de sus otras organizaciones, participar en el reparto del otro 0.7 de fines sociales. En un país “ACONFESIONAL”, donde las religiones, con excepción de la Católica,  tienen que financiar su labor religiosa en base exclusivamente a las aportaciones de sus fieles y en el que la sociedad se encuentra inmersa en una gran crisis económica donde se recortan las acciones sociales, ¿nadie cuestiona ese reparto, mejor dicho, esa entrega directa, de nuestros impuestos a una labor evangelizadora concreta? Una vez soslayado, por imposición de las autoridades comunitarias, el agravio comparativo con las demás religiones en lo referente al IVA, la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles de las propiedades no empleadas para el culto, de las que la Iglesia católica obtiene unos ingresos cuando las demás confesiones tributan a los Ayuntamientos, nos lleva a la  conclusión de  que nuestros impuestos están siendo destinados para acciones que no son las que deben primar en nuestro estado democrático y aconfesional.