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Reproducimos a continuación un artículo publicado en diario de la Comunidad Israelita de Venezuela, el Nuevo Mundo Israelita sobre la Ley de nacionalidad a sefardíes a propósito de la visita de nuestro asesor jurídico Luís Portero a dicha comunidad. La entrevista fue realizada por David Bittan Obadia. “La ley abre una nueva etapa de convivencia” La semana pasada estuvo en Caracas Luis Portero de la Torre, jurista que ha participado activamente en la elaboración de la nueva “Ley en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España”, aprobada esta semana y cuya entrada en vigencia está prevista para el próximo 1º de octubre. En un acto masivo realizado en Hebraica, Portero tuvo oportunidad de exponer el proyecto de ley y responder las inquietudes del público. Nuevo Mundo Israelita planteó varias preguntas al distinguido visitante, que ayudan a esclarecer aún más este tema que ha concitado tanto interés.   —Nuevo Mundo Israelita: ¿Cuál ha sido la mayor dificultad para lograr la aprobación de la Ley de Nacionalidad? —Portero de la Torre: Ha habido algunas dificultades para sacar adelante la ley, algunas de ellas no las puedo comentar. La lentitud de la tramitación parlamentaria, que ha tardado en salir dos años y siete meses desde que se anunció a finales de noviembre por los ministros de Justicia y Exteriores en la Casa Sefarad-Israel; la dimisión de Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia que impulsó la ley, y la entrada de un nuevo equipo en el Ministerio de Justicia tampoco ha puesto fáciles las cosas, aunque tras unos meses el nuevo ministro y su equipo han apoyado la ley sin fisuras; la incomprensión de algunos departamentos ministeriales del gobierno; las limitaciones para trabajar del poder legislativo, absorbido en algunas ocasiones por el poder ejecutivo; las enmiendas a la totalidad y los repentinos cambios al texto del Proyecto de Ley realizados por el gobierno. Dejémoslo ahí. Lo importante es que la ley ha salido adelante con el apoyo y consenso unánime de todo el arco parlamentario. Es una de las pocas leyes de la legislatura que ha tenido el apoyo total al fondo del asunto por todos los grupos parlamentarios, sin excepción. —NMI: ¿Existe interés por este tema en la sociedad española en general? —PT: Naturalmente que existe interés en la sociedad española. Los españoles saben que la ley no solo supone la culminación de un progresivo acercamiento y reencuentro entre la hispanidad y el Judaísmo. Los españoles saben que la voluntad de concordia y reparación moral del legislador, que el reconocimiento del carácter injusto de la masiva expulsión de judíos a partir de 1492, contribuye a cerrar definitivamente las heridas del pasado. La ley abre una nueva etapa de convivencia entre el Cristianismo y el Judaísmo. Buena prueba de ello es la recepción que el rey Felipe VI dispensó en el palacio de La Zarzuela a todos los miembros de comunidades sefardíes que participaron en la pasada Cumbre Global de la Erensya, que se celebró en Ávila y en Madrid. España ha dejado de ser la madrastra, para acoger en su seno a los judeoespañoles que nunca dejaron de serlo. Los 40.000 judíos que viven en España están perfectamente integrados en la sociedad española, y están viviendo los trámites de aprobación de la ley con gran emoción y entusiasmo. Lo mismo que la inmensa mayoría de los españoles no judíos, que saben que la ley es un acto de justicia y enriquecerá aún más el pluralismo y la diversidad cultural que caracteriza a nuestro país. —NMI: ¿Cuántas personas estima el gobierno español que se acogerán a las posibilidades que ofrece la nueva ley? —PT: El gobierno aprobará una ley que pretende equilibrar las enormes expectativas que ha despertado la ley en la diáspora sefardí y los limitados medios de los que dispone el Ministerio de Justicia para atender los miles de expedientes de solicitud de nacionalidad española que podrían tramitarse. El presidente de la Comisión de Justicia en el Congreso, Alfredo Prada, estima que podrían producirse entre 90.000 y 200.000 solicitudes de nacionalidad por parte de sefardíes. En la Federación de Comunidades Judías de España somos bastante más prudentes y creemos que, como mucho, la cifra no superará los 50.000. Ya veremos. —NMI: Usted presentó varias propuestas de enmiendas y modificaciones al proyecto de ley. ¿Puede explicar brevemente en qué consistieron? —PT: Yo he sido el asesor especial de la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) en todo el proceso de elaboración y tramitación parlamentaria de la ley. Isaac Querub (presidente de la FCJE), Gabriel Elorriaga (ponente de la ley en el Congreso) y yo hemos trabajado duramente para que el resultado sea un texto más o menos razonable y acorde a las expectativas que ha generado la ley en el mundo entero. Me he reunido en numerosas ocasiones con Gabriel Elorriaga, con los portavoces de las demás formaciones políticas en el Congreso de los Diputados, con altos cargos del Ministerio de Justicia y de la Dirección General de los Registros y el Notariado. He presentado en nombre de la FCJE hasta cinco propuestas con enmiendas de modificación al articulado del Proyecto de Ley. Básicamente, las enmiendas han consistido en proponer la modificación de la Exposición de Motivos, de los artículos 1 y 2 de la ley, así como de las Disposiciones Adicional Segunda y Transitoria única de la ley. Hemos conseguido que la Exposición de Motivos de la ley reconozca expresamente las persecuciones, vejaciones, ataques, sufrimientos y padecimientos del pueblo judío antes, durante y después de las expulsiones de 1492 y 1498. Que el Estado español reconozca el carácter injusto de la expulsión de los judíos sefardíes, y que la FCJE tenga el papel que le encomienda la ley de 1992 como interlocutor oficial del Estado en sus relaciones con las comunidades de confesión judía. Que la FCJE tenga facultades para coadyuvar en la verificación de la condición del solicitante como sefardí originario de España. Hemos conseguido que el artículo 1 de la ley, que establece los requisitos