El pasado 10 de noviembre se ha marcado el vigésimo aniversario del Acuerdo de Cooperación entre el Estado Español y la Federación de Comunidades Judías de España. A continuación reproducimos parte del artículo redactado al respecto por Marcos González Sánchez, Profesor Titular de Derecho Eclesiástico de la Universidad Autónoma de Madrid y publicado en la Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado (RGDCDEE), 30, 2012 en el marco proyecto de la Fundación Pluralismo y Convivencia. “Aplicación del Acuerdo entre el Estado y la Federación de Comunidades Judías de España de 1992 en las Islas Baleares” (L4-2012) Aprovechamos la ocasión para felicitar al profesor González Sánchez por tan completo artículo. Podemos remitir el artículo íntegro a quien lo solicite. EL DESARROLLO DEL ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE EL ESTADO Y LA FEDERACIÓN DE COMUNIDADES JUDÍAS DE ESPAÑA DE 1992, VEINTE AÑOS DESPUÉS Resumen: La población judía en España está perfectamente integrada en la sociedad y está formada por unas 40.000 personas que habitan, principalmente, en las ciudades donde hay comunidades miembros de la Federación. La FCJE puede considerarse el instrumento del que las comunidades judías se dotan para que, las que lo deseen, puedan acudir mediante un sólo ente a negociar y establecer las líneas por las que se articula la cooperación del Estado. Transcurridos 20 años desde la promulgación de su Acuerdo de cooperación con el Estado de 1992, en este trabajo se ha intentado hacer un balance de las virtudes, puntos débiles y posibles mejoras del texto normativo vigente. Sumario:1. Introducción: la clasificación de las confesiones religiosas en el Ordenamiento español; 2. La FCJE; 3. Estatutos de la FCJE (2012); 3.1 Fines de la FCJE; 3.2 Miembros de la FCJE; 3.3 Órganos de la FCJE; 3.3.1 La Asamblea General; 3.3.2 La Comisión Permanente; 3.3.3 El Presidente y la Comisión Ejecutiva; 4. Asuntos del Acuerdo de cooperación con la FCJE de 1992 necesitados de revisión; 5. El desarrollo del contenido del Acuerdo de cooperación con la FCJE de 1992 por otros acuerdos celebrados a nivel autonómico. 6. Conclusiones; 7. Anexo 1. Introducción: la clasificación de las confesiones religiosas en el Ordenamiento español Un porcentaje muy elevado de las normas de Derecho Eclesiástico tienen por objeto regular la relevancia de los grupos religiosos. La dimensión colectiva de la libertad religiosa conlleva, según el artículo 2.2 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa [LOLR], “el derecho de las iglesias, confesiones y comunidades religiosas a establecer lugares de culto o de reunión con fines religiosos, a designar y formar a sus ministros, a divulgar y propagar su propio credo, y a mantener relaciones con sus propias organizaciones o con otras confesiones religiosas, sea en territorio nacional o en el extranjero”. Como afirma el Tribunal Constitucional, “la plena efectividad de los derechos fundamentales exige reconocer que la titularidad de los mismos no corresponde sólo a los individuos aisladamente considerados, sino también en cuanto se encuentran insertos en grupos y organizaciones, cuya finalidad sea específicamente la de defender determinados ámbitos de libertad o realizar los intereses y los valores que forman el sustrato último del derecho fundamental. Así, el art. 16 garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto no sólo a los individuos, sino también a las Comunidades” . La necesidad de reconducir en el Derecho español el tema del tratamiento del sujeto colectivo del derecho de libertad religiosa lleva a plantearnos el concepto de confesión religiosa. Este término es empleado en el apartado tercero del artículo 16 del texto constitucional para designar grupos religiosos susceptibles de cooperar con el Estado. La doctrina española se ha manifestado sobre el concepto de confesión religiosa , y, según IBÁN, cuatro son los requisitos que deben tener: “la estabilidad, organización propia, normación propia y vinculación a una idea de Dios o una concepción del Universo. La estabilidad implica una vocación de permanencia efectiva. La organización a su vez exige cuatro notas: pluralidad de miembros, existencia de jerarquía, existencia de relaciones entre los miembros y los órganos de poder…la idea de normación propia implica no sólo que exista un sistema normativo…sino que éste sea propio” . El concepto de confesión religiosa ha de extraerse de los requisitos legales previstos en los artículos 5.2 de la LOLR para la inscripción en el Registro de Entidades Religiosas [RER] y en el 3.2 del Real Decreto 142/1981, de 9 de enero, sobre organización y funcionamiento del RER , y que básicamente son dos: organización y fines religiosos . De este modo, se exige un mínimo de organización y estabilidad, que están en la base de ciertas exigencias legales para la inscripción (como son la denominación, el régimen de funcionamiento y la representación). Por otro lado, nuestra legislación no incluye dentro del ámbito de la libertad religiosa las que podríamos llamar comunidades que incorporan una visión del mundo (por ejemplo, que patrocinan el ateismo o el agnosticismo u otras maneras de entender la vida espiritual), pues los fines religiosos están asociados a la existencia de una realidad trascendente. Por ello, el artículo 3 de la LOLR deja fuera las entidades relacionadas con el estudio y experimentación de los fenómenos psíquicos o parapsicológicos o la difusión de valores humanísticos o espiritualistas. La inscripción en el RER exige que se cumplan esos requisitos anteriores y se encomienda al Ministro de Justicia que los verifique . La Administración resolverá en primera instancia las demandas de reconocimiento de los grupos. Contra la resolución que agote la vía administrativa, los interesados podrán ejercitar las acciones judiciales previstas en el ordenamiento. La importancia que posee la inscripción como acto de reconocimiento del Estado de la tipicidad religiosa del ente en aras a permitir el acceso a un “status” especial, nos conduce a examinar las condiciones exigidas en la LOLR y disposiciones complementarias que se habrán de acreditar a fin de integrarse en la categoría jurídica de confesión. El concepto estricto de confesión coincide con el de grupo inscrito si bien las confesiones son previas a su inscripción, lo cual se puede demostrar por la simple
