2011

He meditado muy pausadamente la oportunidad de escribir estas letras y mi particular entendimiento de “mi responsabilidad “, me ha hecho llegar a ello. Como español, nacido en la dictadura, pero forjado en la democracia. La democracia en la que, cuando algunos de los “ultra defensores” de la misma, se resistían a enseñar su rostro, un grupo a nivel nacional, que no éramos ni políticos, ni indignados, sino deseosos de que nuestro país se insertara en la órbita europea. Cada uno, desde nuestras convicciones, contribuimos al desarrollo de la, tantas veces vitoreadas pero creo que pocas comprendida, llamada “transición política española”. Posteriormente, vivimos como, pasábamos de un Estado Católico, es decir, de una religión oficial, a que quedara plasmado en nuestro texto constitucional, lo de “Estado Aconfesional”. Por todo ello, entiendo la estructuración del estado, con partidos políticos, sindicatos, organizaciones profesionales, asociaciones de vecinos, etc., pero no llego a comprender la defensa de unas posiciones fuera del orden establecido, pues, ha quedado demostrado en la historia que la anarquía o “mis ideas son las mejores”, son el cauce perfecto para las dictaduras, sean de uno u otro signo. Formo parte de los que han participado como votante en las pasadas elecciones Autonómicas, municipales y al Consell, y pensaba que nuestra Comunidad autónoma, nuestro Parlamento, etc habían alcanzado el convencimiento de la pluralidad que conforma la sociedad y, concretamente, de la diversidad religiosa de la misma. Pues bien, constato, y con mucho pesar, que la única representación religiosa en los actos políticos laicos que han tenido lugar en nuestras Instituciones, ha sido la representación de la religión católica, en la persona de su obispo. La democracia, los slogan de gobernar para todos, no han tenido el suficiente peso especifico para si quiera, dejar constancia de la pluralidad religiosa. En tal sentido, al menos, se ha ignorado a la religión judia, cuya representación legal , la “Comunidad Judia de les Illes Balears”, ha sido marginada de tales eventos, al no haber sido oficialmente invitada. Los políticos hacen mítines para hacerse presentes en la sociedad, los sindicatos convocan asambleas de trabajadores, los indignados irrumpen en nuestras vidas, a veces incumpliendo leyes y normas, pero ¡ y los ignorados ¡: las comunidades religiosas no católicas ¿que habrán de hacer ? para que los estamentos, como parte de las instituciones, sin perjuicio de la convicción religiosa que practique – con total libertad- el dirigente de turno, asuman que la Constitución ha definido a nuestro país como un estado aconfesional y que, desde tal punto de vista, todas y cada una de las comunidades legalmente establecidas conforman, dentro de su ámbito de actuación, parte del estado, de la autonomías, de los municipios, de los consells y como tal deben figurar, sin discriminación, en sus protocolos y en sus actos institucionales. AbrahamBarchilon es abogado y colabora en el programa de ONA Mallorca Radio

Tristemente vuelvo a constatar como nuestro país – España– vive a dos ritmos diferentes. Proclamamos a los cuatro vientos nuestra pertenencia a la moderna sociedad europea, hablamos en el Parlamento Europeo, queremos que las instituciones europeas respalden a nuestros productores como parte de esa Europa, pero la ideología reinante en algunos órganos judiciales, nos hace rápidamente poner los pies en la tierra y comprender que los Pirineos nos siguen separando. El Tribunal Supremo, que muy acertadamente no tiene el adjetivo “de Justicia”, como otros Tribunales (los de las Comunidades Autónomas, el de Estrasburgo, etc.) ha dictado sentencia por la que absuelve a los condenados: cuatro neonazis que difundían ideas a favor del Holocausto. Pero, analizando el discurrir del procedimiento, comprobamos que fue la Fiscalia del Tribunal Supremo, dependiente jerárquicamente del Fiscal General de Estado y éste a su vez nombrado por el ejecutivo, quien solicitó a dicho Tribunal la absolución de los condenados por xenofobia. Por otra parte, no era de extrañar la sentencia si se tiene conocimiento de quien es su ponente -el Magistrado Adolfo Prego de Oliver – quien, en los años 2005 y 2007 al menos, participó en actos públicos, que justificó el golpe militar del 1936 y que calificó el golpe de estado del general Franco, como “contrarrevolución”. Cuando aun era vocal del Consejo del Poder judicial, firmó un manifiesto contra la Memoria Histórica, insistiendo en la idea de exculpar a los golpistas del estadillo de la guerra. Con estos antecedentes, como digo, no nos debe extrañar la sentencia y lo que debemos hacer es revisar quien o quienes tenemos al frente de lo que llamamos justicia. Si nos referimos al magistrado Diego Ramos, nos encontramos con un voto particular suyo en el que se oponía a que el Tribunal Supremo confirmara la validez de las declaraciones policiales, siempre y cuando fueran introducidas como prueba en el juicio oral, para ratificar la condena a 26 años de cárcel impuesta por la Audiencia Nacional al miembro de ETA Orkatz Gallastegi Sodupe como autor del asesinato del magistrado José María Lidón. Estos antecedentes y argumentaciones como “ No hay provocación directa a un acto concreto discriminatorio” o que “la difusión de este tipo de ideas justificatorias del genocidio nazi sólo es delictiva cuando suponga una incitación a ejecutarlas..”, nos hace llegar a la conclusión de lo lejos que está nuestra justicia del entorno en que queremos vivir- Europa- pues se apartan completamente de lo establecido en Tratados internacionales ratificados por España, de la doctrina europea del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como de los principios marcados por la Comisión Europea y de las recomendaciones de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de la Comisión Europea contra el Racismo y la intolerancia, así como de la Organización para la seguridad y Cooperación en Europa. Decisiones como las que comentamos, que apoyan la violencia racista demuestran, no sólo un menosprecio por la Historia, sino también a las víctimas y a la sociedad, pues la libertad de expresión no puede amparar acciones o ideologías que incitan a la violencia y al genocidio. Escribiendo estas letras, llega la muerte de Jorge Semprún, literato y político, víctima también del nazismo. Su desaparición nos priva de poder leer palabras más eruditas que las mías que, sin duda, serían la expresión de su triste vivencia. Esperamos que el Gobierno, como firmante de Tratados Internaciones contrarios a los pronunciamientos de esta sentencia, ejerza las acciones oportunas en defensa de la dignidad y del prestigio de nuestro País. Abraham Barchilon es abogado y colabora con la emisora ONA Mallorca Radio